“El Tribunal Constitucional y el caso Castillo Terrones: ¿pueden sus decisiones modificar el curso del proceso penal?”

Introducción

Desde la vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, han ocurrido múltiples procesos en su contra: acusaciones de rebelión, conspiración, abuso de autoridad, corrupción, etc. A su vez, el Tribunal Constitucional ha tenido una participación creciente en resolver recursos constitucionales, hábeas corpus y demandas competenciales relacionadas con varios de los actos procesales, lo que plantea preguntas críticas: ¿hasta qué punto las decisiones del TC pueden afectar la norma penal? ¿Sus fallos podrían llevar al anulación de actos procesales, detenciones, vacancia o formalización de cargos?

Este blog jurídico revisa las últimas decisiones del TC en relación al caso Castillo, su alcance jurídico, controversias, y posibles escenarios.

Noticias recientes

1. Sentencia que blinda temporalmente a Dina BoluarteEl TC ordenó suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta julio de 2026, alegando que los fiscales han excedido las competencias que tiene un presidente en ejercicio (en cuanto al artículo 117 de la Constitución).

   Este fallo ha generado polémica: sectores de oposición, ONG y algunos expertos advierten que podría generar “impunidad” para el Ejecutivo, ya que muchas indagaciones quedarían paralizadas por la duración del mandato presidencial.

   
   

2. Denuncia constitucional contra Pedro Castillo y congresistasEl Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Castillo y 25 congresistas por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Se les acusa de haber favorecido nombramientos y adjudicaciones de obras públicas a cambio de beneficios políticos o personales.

   
   

3. Decisión del TC sobre Habeas Corpus y recursos de Castillo

   • El TC declaró improcedente una demanda de hábeas corpus presentada por Castillo, relativa a su detención preliminar y prisión preventiva, bajo el expediente 01803-2023.

   • Se desestimó un recurso de Castillo que buscaba anular su vacancia y la prisión preventiva (expediente 00300-2024).

     
     

4. Declaraciones de la presidenta del TCLuz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, ha afirmado que el reciente fallo que protege a Boluarte no implica que el juicio contra Castillo se caiga. Según ella, Castillo ya no era presidente al momento de ciertas decisiones, y el antejuicio político contra él fue levantado, por lo que el juicio sigue siendo procedente.

   
   

5. Sentencia sobre la cuestión de confianza de noviembre de 2022Aunque no es del todo reciente, esta sentencia tiene implicaciones aún vigentes: el 30 de mayo de 2023, el TC determinó que el Ejecutivo no puede interpretar un rechazo "plano" de cuestión de confianza como si fuera una denegatoria o rehusamiento tácito, pues eso vulnera la Constitución. Esa sentencia declara nulo el acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2022 que pretendía establecer dicho criterio.

   
   

Análisis jurídico: Participación del TC en norma penal y procedimiento

Aquí se desglosan cómo las decisiones del TC pueden afectar (o ya están afectando) la norma penal y el desarrollo del proceso contra Castillo:

Aspecto procesal / constitucional	Decisión del TC	Repercusión jurídica en el caso Castillo
Detención preliminar y prisión preventiva	En la sentencia del expediente 01803-2023 (hábeas corpus), el TC declaró improcedente la demanda de Castillo que buscaba declarar la nulidad de los autos de detención en flagrancia, prisión preventiva y vacancia basándose en inmunidad presidencial.	Mantiene vigentes esos actos procesales: Castillo permanece con las restricciones derivadas de prisión preventiva, y los autos procesales no han sido anulados por el TC.
Vacancia y levantamiento de inmunidad	En el mismo expediente, se rechazó pretender que la vacancia sea anulada. Se desestima recurso que buscaba revertir la vacancia declarada por el Congreso.	Confirma que Castillo ya no goza de la protección que brindaba la inmunidad presidencial, lo cual autoriza al Ministerio Público, al Poder Judicial, y al TC mismo para reconocer la legitimidad de los actos procesales que se realizaron tras su vacancia.
Norma constitucional aplicable al presidente en ejercicio (artículo 117)	Falla reciente del TC vinculada a Dina Boluarte insiste en que mientras el presidente esté en ejercicio, solo puede ser acusado por los delitos expresamente previstos en el artículo 117 (traición, disolver el Congreso, impedir elecciones, etc.).	En el caso de Castillo, esto no aplica plenamente, pues muchos de los delitos imputados ocurrieron después de su vacancia, o se entienden como actos que ya no están bajo su ejercicio como presidente (o ejercidos al margen de la Constitución). Además, el Congreso levantó su antejuicio político, lo que lo habilita para ser procesado ordinariamente.
Equilibrio poderes y control constitucional	La sentencia sobre la cuestión de confianza (noviembre 2022) refuerza que el Ejecutivo no puede unilateralmente determinar que una moción de confianza ha sido denegada sin que el Congreso lo declare expresamente.	Acusa directamente los fundamentos legales del intento de disolución del Congreso por Castillo; ayuda a sostener que su acción fue inconstitucional, lo que refuerza la acusación penal de rebelión o conspiración, al mostrar que no tenía base constitucional para disolver el Legislativo.

Controversias y retos jurídicos

• Distinción entre denuncias constitucionales y procesos penalesQue esté suspendida una investigación constitucional durante el mandato del Presidente no necesariamente implica que los actos penales se detengan, siempre que el investigado ya no sea presidente o que haya sido levantada la inmunidad. Aquí el TC ha señalado que Castillo ya no está en ejercicio, lo que abre la puerta al proceso penal.

• Posibles conflictos entre decisiones del TC y urgencias del proceso penalHay preocupación de que medidas del TC (como suspensión de investigaciones o sentencias de hábeas corpus) puedan generar demoras, nulidades, o debilitar pruebas o actos ya cumplidos, afectando la eficiencia y la certeza del proceso penal.

• Legitimidad y percepción democráticaLas decisiones del Tribunal Constitucional están siendo vistas por algunos como un mecanismo político más que puramente jurídico: se acusa que favorecen a quienes ostentan poder. Esto pone en cuestión la independencia del TC, la igualdad ante la ley y la responsabilidad penal.

  
  

Conclusión

El TC ha tenido un papel decisivo en el caso Castillo, no tanto anulando los cargos, sino validando o declarando la legalidad o improcedencia de ciertos actos procesales, estableciendo criterios constitucionales que afectan la norma penal y el alcance de la responsabilidad penal.

Algunos puntos claves:

• No hay indicios hasta ahora de que el juicio se caiga: el TC ha señalado que el proceso contra Castillo sigue siendo válido, pues ya no estaba protegido por la inmunidad presidencial al momento de vacancia.

  
  

• Sus fallos están delineando los límites del poder presidencial, especialmente lo que cabe investigar mientras se está en el cargo versus lo que puede investigarse después.

  
  

• La norma penal no se ha modificado, pero el TC interpreta la Constitución y actúa como tribunal de control de constitucionalidad de los actos procesales, lo que puede anular actuaciones, ordenar detenciones legales/inconstitucionales, etc.