Fiscalización Municipal: Fundamentos Jurídicos y Retos en su Aplicación

La fiscalización municipal constituye una de las potestades más importantes de los gobiernos locales en el marco del ejercicio de su autonomía administrativa, reconocida en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y desarrollada en la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).

Su finalidad es verificar el cumplimiento de normas y ordenanzas municipales, así como prevenir, corregir o sancionar conductas que afecten la seguridad, el orden urbano, la salubridad, el ambiente o el desarrollo local.

1. Marco normativo aplicable

1. Constitución Política del Perú

   • Reconoce la autonomía política, económica y administrativa de las municipalidades (art. 194° y 195°).

2. Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N.° 27972

   • Art. 79 y 80: facultades de fiscalización, infracciones y sanciones.

   • Reconoce la potestad normativa y sancionadora de los gobiernos locales.

3. Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG)

   • Principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad y debido procedimiento (arts. 3, 4 y 248).

   • Regula el procedimiento administrativo sancionador (PAS).

4. Ordenanzas y Reglamentos Municipales

   • Definen las infracciones específicas (ejemplo: comercio ambulatorio, edificaciones sin licencia, transporte urbano).

5. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y SERVIR

   • Se han consolidado criterios sobre el control de razonabilidad en sanciones y la nulidad de procedimientos por vulneración del debido procedimiento.

2. Naturaleza de la fiscalización

La fiscalización municipal se configura como una actividad de control administrativo con efectos preventivos y correctivos.

• Preventiva: busca garantizar que las actividades económicas y urbanísticas se desarrollen dentro del marco legal.

• Correctiva y sancionadora: en caso de incumplimiento, se inicia un PAS que puede culminar en multas, clausura temporal o definitiva, decomisos o demolición de obras ilegales.

  
  

3. Procedimiento de fiscalización y sanción

De acuerdo con la LPAG, el flujo procedimental básico es:

1. Acta de fiscalización: levantada por el inspector municipal, debidamente identificado.

2. Notificación al administrado: indicando hechos imputados y base normativa.

3. Plazo de descargos: el administrado puede presentar pruebas y argumentos.

4. Resolución de primera instancia: emitida por la gerencia o subgerencia municipal competente.

5. Recursos administrativos: reconsideración y apelación (art. 218 y ss. LPAG).

6. Agotamiento de la vía administrativa: luego procede acción contencioso-administrativa ante el Poder Judicial.

4. Principales problemas detectados en la práctica

• Deficiencias en la tipificación de infracciones: algunas ordenanzas carecen de claridad, lo que vulnera el principio de tipicidad.

• Actas mal fundamentadas: omisión de datos esenciales que afectan la validez del procedimiento.

• Exceso en las sanciones: imposición de multas desproporcionadas, observadas por el Tribunal Constitucional bajo el principio de razonabilidad (STC Exp. N.° 00002-2011-PI/TC).

• Descoordinación entre áreas: urbanismo, fiscalización y defensa civil actúan de manera fragmentada, lo que genera inseguridad jurídica.

5. Retos para los gobiernos locales

1. Fortalecimiento institucional: capacitación permanente de inspectores y funcionarios.

2. Estandarización normativa: promover que las ordenanzas sigan parámetros comunes, evitando excesiva dispersión normativa.

3. Transparencia y predictibilidad: publicación accesible de ordenanzas, procedimientos y escalas de sanciones.

4. Uso de tecnologías: implementar sistemas electrónicos de notificación y registro de fiscalizaciones.

   
   

6. Reflexión final

La fiscalización municipal, lejos de ser vista solo como una herramienta de recaudación, debe asumirse como un instrumento de gestión del territorio y protección de derechos colectivos. Su legitimidad dependerá del respeto estricto a los principios del procedimiento administrativo sancionador, de la proporcionalidad en las sanciones y de la seguridad jurídica que se brinde al administrado.

Para los abogados y funcionarios municipales, el desafío está en lograr un equilibrio entre la potestad sancionadora y la protección de derechos fundamentales, consolidando una cultura de cumplimiento normativo que fortalezca la gobernanza local.